Apenas unos días después de que el 90% de los grupos parlamentarios aprobara el texto del acuerdo educativo, el Departamento de Educación acaba de firmar un convenio con la multinacional Google que lo desdeña.
La Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco ha suscrito un convenio con la empresa Google Cloud Emea Limited “para para la utilización de los Servicios Google Workspace for Education en los centros docentes del Departamento de Educación”, según publicó el Boletín Oficial del País Vasco la semana pasada. La resolución tiene fecha de 11 de abril, apenas cuatro días después, por tanto, de que se aprobara el texto que recoge las bases para la nueva ley de educación.
El convenio especifica la “colaboración” con Google durante cuatro años, durante los cuales el Departamento de Educación se compromete a “promover y comunicar la adopción” de Google Workspace for Education en todos los centros docentes dependientes del Departamento. Esta promoción, sin embargo, contraviene la “digitalización ética, responsable, euskaldún” recogida en el Acuerdo de bases para la transformación de la educación vasca, además de presentarse en una cronología significativa: parece lógico pensar que el convenio estaría preparado mientras se acordaba y aprobaba el acuerdo educativo.
Tras la profunda reflexión derivada de una ponencia que ha durado meses, el acuerdo aprobado por una mayoría de amplitud pocas veces vista en el Parlamento Vasco recoge que la digitalización del sistema vasco de educación se llevará a cabo “respetando los derechos digitales y la privacidad del alumnado y utilizando medios tecnológicos auditables, reutilizables, libres y transparentes”. A pesar de que el propio Consejero de Educación, Jokin Bildarratz, declaró que serían “fieles al texto”, este convenio deja de lado todas las afirmaciones anteriores.
Los datos del alumnado en manos de Google, infractor recurrente de leyes sobre privacidad y protección de datos
Aunque Google afirma que respetará el Reglamento para la Protección de Datos Personales europeo en su adenda sobre el tratamiento de datos, el gigante tecnológico estadounidense se encuentra entre las empresas que han recibido mayores multas por quebrantarla, y lo ha hecho más de una vez, precisamente por no informar convenientemente de la manera en la que trata los datos de sus usuarios y por tanto recopilar y tratar sus datos sin el debido permiso, a través de múltiples plataformas (especialmente, Youtube y Google Analytics). No se puede obviar que, en el propio convenio, la adenda sobre el tratamiento de datos “se incluye a efectos meramente de referencia”, y que Google se reserva el derecho de realizar modificaciones cuando lo considere oportuno si, por ejemplo, los cambios en cuestión “son comercialmente razonables”.
El convenio recoge que los compromisos adquiridos por las partes se llevarán a cabo sin ninguna contraprestación económica o intercambio de dinero. A pesar de que se especifica que, “a efectos aclaratorios, el presente Convenio tiene carácter gratuito”, el hecho es que se entregan los datos de todo el alumnado y el profesorado durante cuatro años a la multinacional privada Google, a cambio de sus servicios. Esta gratuidad, por cierto, permite esquivar los mecanismos habituales de concurso público. A pesar de que no haya coste económico, el compromiso adquirido en este convenio le sale caro a la comunidad educativa vasca.
Estos abusos sobre la privacidad fueron, precisamente, los que llevaron al gobierno alemán a prohibir el uso de las nubes de Google en educación en 2019. En nuestro contexto, sin embargo, se ha adoptado con los brazos abiertos y firmado sin más el compromiso para “usar y promover” Google en el ámbito educativo. Tal y como afirmaba Jokin Lacalle, miembro de Hezkuntzan Librezale, “en lugar de recopilar evidencias, la administración confía en la palabra dada por la empresa”.
Auditable, reutilizable, transparente
El convenio recoge que no está permitido autorizar a los usuarios para “(a) copiar, modificar ni crear obras derivadas de los Servicios; (b) aplicar técnicas de ingeniería inversa, descompilar, traducir, desmontar ni intentar de otra forma extraer parte o la totalidad del código fuente de los Servicios”. El propio convenio rechaza y prohíbe de plano, por tanto, la auditabilidad y la reutilización de los medios tecnológicos a la que se compromete el acuerdo para la Ley de Educación.
Este tipo de restricciones se especifican para el cliente, el Departamento de Educación en este caso; no existe ninguna limitación aplicable al proveedor, más allá de las que recogen los anexos redactados por Google para sí mismo.
Además del servicio ordinario que ofrece Google, el convenio menciona también la disponibilidad de “productos adicionales”. En el caso de estos, “las presentes Condiciones del tratamiento de datos no se aplican al tratamiento de datos personales en relación con la provisión de ningún Producto adicional utilizado por el Cliente, incluidos los datos personales transmitidos desde ese Producto adicional o hacia el mismo”; es decir, si el cliente opta por habilitar alguno de esos productos adicionales, “los Servicios podrán permitir que estos accedan a los Datos personales del cliente”. Sin embargo, en ninguna parte del documento se especifican qué productos corresponden al servicio ordinario, y cuáles se enmarcan bajo la denominación de “productos adicionales”, en un claro ejercicio de impedimento de la transparencia.
Este convenio establece un compromiso para cuatro años de colaboración con Google, a las puertas de la negociación para la nueva Ley de Educación. Mientras numerosos países y autoridades en la Unión Europea están denunciando estos excesos de Google y legislando para impedirlos, este convenio solo puede entenderse como expresión de una posición más bien ingenua.
La puerta no está completamente cerrada, sin embargo, para anular este convenio de colaboración con Google, y es de esperar que en el proceso de redacción y negociación de la nueva ley, los partidos que firmaron el acuerdo de bases tramiten requerimientos firmes para enderezar el recorrido iniciado aquí. No se puede negar, sin embargo, que esta primera acción de la administración educativa, tras las palabras bonitas firmadas apenas unos días atrás, pone en cuestión la legitimidad que le otorga al acuerdo aprobado por una amplia mayoría del Parlamento Vasco.
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